La Presidenta de la Asociación de Fiscales afirma que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido por políticos no beneficia ni a la separación de poderes ni a la despolitización de la Justicia.

Jueves, 15 de octubre. “La propuesta de reforma del PSOE y Podemos para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ incide en la politización de la Justicia” ha afirmado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Asimismo, la presidenta ha manifestado que “la Asociación de Fiscales se muestra contraria y muy preocupada” ante la reforma propuesta por PSOE y Podemos puesto que lejos de eliminar la despolitización de la Justicia, lo que se pretende con esta reforma es “aumentar la politización en el órgano de gobierno de los jueces, en contra de las recomendaciones de despolitización de la Justicia por parte del Greco, de las instituciones europeas y de las reclamaciones de las asociaciones judiciales y fiscales” ha denunciado.

Sobre el Estado de derecho, Dexeus puntualiza que “la separación de poderes debe estar perfectamente delimitada y blindada” y que el poder judicial “debe mantenerse al margen para no emponzoñar las resoluciones judiciales y la independencia de los jueces en la aplicación de la ley” ha concluido.

El día de ayer se celebró la reunión prevista entre el Ministerio de Justicia y las Asociaciones Judiciales y Fiscales, con el siguiente orden del día:

1. Disposición Transitoria Ley Discapacidad
2. Ley Agilización
3. Implantación Registro Civil
4. Tribunales Instancia / Oficina Judicial
5. Planes de Choque
6. Ruegos y preguntas

Asistieron, por parte del Ministerio, el Secretario de Estado de Justicia Pablo Zapatero, el Secretario General para la innovación y calidad del servicio público de Justicia Borja Vargues, la Directora General para el servicio público de Justicia Concepción López-Yuste y la Subdirectora General de colaboración institucional para el servicio público de Justicia María Rosario Martínez, y, por parte del as Asociaciones, Manuel Almenar (APM), José Juan Moreno (AJFV), Rosario García (JJPD),Cristina de Vicente (FJI), Cristina Dexeus (AF), Teresa Peramato (UPF), y Salvador Viada (APIF).Por parte del equipo ministerial se informó de la situación y previsiones en relación con la Ley de Discapacidad, la Ley de Agilización, la reforma del Registro Civil y los Tribunales de Instancia/Oficina Judicial. Mas concretamente, se expuso:

• La problemática que suscita la proyectada DT 4ª, sobre la revisión de las sentencias dictadas en materia de discapacidad y la necesidad de organizar un grupo de trabajo específico MJ/AA para buscar cauces que permitan dar respuesta, apuntando la posibilidad de incrementar el plazo de dos años inicialmente previsto a tres y de elaborar protocolo de actuaciones para una mejor coordinación.
• Respecto al Anteproyecto de la Ley de Agilización de la Justicia (también denominada de Eficiencia de la Justicia, el nombre está sin confirmar), se informó de que los trabajos se han centrado en los ejes de agilización procesal y de justicia digital, posponiendo el eje organizativo en tanto que requeriría reforma de Ley Orgánica. La previsión es que, a finales de octubre o principios de noviembre tengamos ya un texto disponible para empezar a trabajar, para lo cual piden que designemos a los compañeros que podrían integrar el grupo de trabajo. El eje organizativo quedaría para más adelante y enlazaría con el tema relativo a los Tribunales de Instancia/Oficina Judicial.
• En cuanto a los Tribunales de Instancia, que figuran en la LOPJ, todavía se está en proceso de “contextualización”, es decir, la decisión es ponerlos en funcionamiento pero se están estudiando las distintas posibilidades. Por lo que concierne a la oficina judicial, transcurridos diez años, se pretende dar un impulso para la implantación del modelo, previo análisis de los aspectos que han funcionado y de las distorsiones creadas, todo ello vinculado a la denominada Oficina de Justicia en el Municipio, que partiría de una transformación de los actuales Juzgados de Paz con el fin de proporcionar un mejor servicio, ubicando parte de la oficina judicial en dichas unidades, desde la que se podrían realizar ciertas actuaciones. Piden que propongamos compañeros para crear el correspondiente grupo de trabajo, con la idea de hacer una presentación del modelo en el mes de noviembre.
• La aplicación de la Ley de Registro Civil, una vez adaptada la decisión de poner en funcionamiento el modelo aprobado en 2011, suscita diversos problemas, en particular en los Registros Civiles Exclusivos. Se pide que propongamos compañeros para abordar estas cuestiones.

EXCMA. SRA

La precipitada suspensión de la sesión del Consejo Fiscal celebrada en la mañana del día 23 de septiembre, motivada por razones sanitarias, nos impidió plantear a V.E. una serie de ruegos y preguntas, uno de las cuales no tiene espera, por la relevancia que el asunto tiene para la Institución y la Carrera, y por motivar honda preocupación en los Fiscales.

Por tales razones, nos dirigimos a V.E. con las cuestiones siguientes:

1. Le rogamos nos informe sobre las diligencias que, según los medios de comunicación social, se han incoado para determinar la relevancia de la presunta actuación imputada a la Excma. Sra. Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, ex Fiscal General del Estado, por el Teniente-Fiscal del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. D. Luis Navajas.
2. El Excmo. Sr. D. Luis Navajas, Teniente-Fiscal del Tribunal Supremo, merece nuestra más alta consideración tras cuarenta y cinco años de servicio a la Justicia, durante los  que ha demostrado su valía y alta cualificación, defendiendo las libertades ciudadanas durante su destino en el País Vasco, en una época dura y arriesgada.

No obstante, y sin perjuicio de las actuaciones encaminadas a esclarecer esas supuestas presiones denunciadas públicamente, que no ante los órganos de la Institución, por el Excmo. Sr. Navajas, los Vocales del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales, lamentamos las manifestaciones realizadas por el Excmo. Sr. Teniente Fiscal en medios de comunicación en la última semana, que ponen en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal y la honorabilidad de concretos miembros de la Carrera Fiscal, con grave perjuicio para la imagen pública de la Institución. En esas declaraciones:

1. Se arrojan más dudas sobre la independencia de quien ostenta y ha ostentado el cargo de Fiscal General del Estado, que las que de ordinario se suelen suscitar, viniendo así a confirmar la sospecha ciudadana de mediatización política de la Institución.
2. Se confirma una supuesta politización de la Carrera, al referirse a fiscales moderados y progresistas, que parecerían actuar en virtud de sus convicciones
   ideológicas en lugar de sometidos, como es su obligación, a la Constitución y el imperio de la Ley.
3. Denosta la actuación profesional de concretos compañeros, a los que identifica, bien con su propio nombre, bien con referencia a funciones de relevancia ejercidas en el denominado “juicio del procés”.
4. Descalifica a la Junta de Fiscales de Sala, a la que se refiere como “tropa” con la que no se puede ir a la guerra, esto es, que no es de fiar.
5. Da por ciertas noticias de los medios de comunicación, al margen de cualquier procedimiento con garantías para el señalado, que arrojan dudas sobre la
   honorabilidad de un compañero, a quien también identifica nominalmente.

Deseamos conocer si por la Fiscal General del Estado, se va a adoptar alguna medida con relación a declaraciones de tanta repercusión y que tan grave relevancia tienen.

Los Vocales electivos por la Asociación de Fiscales:

• Concepción Talón Navarro
• Juan Andrés Bermejo Romero de Terreros
• Juan Francisco Ríos Pintado
• María Rosario Lacasa Escusol
• María Rosa Rubio Ramos