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Asociación de fiscales

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Periodistas y fiscales debatirán el próximo martes 3 de marzo en la Casa de América (plaza de Cibeles) en torno al Ministerio Fiscal y los medios de comunicación en el curso que la Asociación de Fiscales organiza en esta ocasión para todos los fiscales de Madrid, así como de las Fiscalías especiales y de los órganos centrales. Enlace al curso.

En este apartado ponemos en vuestro conocimiento el informe que la Asociación de Fiscales ha remitido al Ministerio de Justicia a propósito de la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Aun cuando el título del borrador del Real Decreto que se informa explicita que la ampliación tiene por objeto adecuar la plantilla a las necesidades existentes, es evidente que el aumento de tan solo 66 plazas resulta insuficiente para la prestación de un verdadero servicio público de calidad a los ciudadanos. A ello se une la creación de parte de las plazas con la categoría tercera, lo que es rechazado frontalmente por la Asociación de Fiscales, pues supone el mantenimiento de la desigualdad entre las Carreras Fiscal y Judicial. Así, mientras en esta última el porcentaje de jueces es del 12,49% de la plantilla total, el de abogados fiscales lo es del 25,15%, con el añadido de que estos abogados fiscales despachan los asuntos tratados por magistrados. Finalmente, se advierten en el borrador de Real Decreto importantes errores en cuanto al número de fiscales coordinadores.

Con fecha 7 de enero de 2015, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 5 dictó sentencia resolviendo el recurso interpuesto por un magistrado en reclamación de las cantidades devengadas por la falta de descanso del día siguiente a la salida de la guardia semanal. En apoyo de su pretensión argumentaba el recurrente que la Directiva 2003/88/CE es aplicable a los jueces que desempeñan funciones de guardia, y que la misma tenía efecto directo, pese a su transposición tardía a nuestro ordenamiento. La imposibilidad de retrotraer el tiempo para poder disfrutar de los descansos debidos una vez concluidos los períodos de guardia, llevó al recurrente a solicitar una compensación económica que supliera la falta de descanso en dichos días.

La Sentencia estima el recurso, condenando a la Administración (la reclamación se formuló contra el Ministerio de Justicia, Secretaría de Estado) a abonar al demandante la cantidad solicitada por el concepto reclamado, más los intereses legales devengados desde la inicial reclamación administrativa.

La Sentencia es firme porque no cabe recurso ordinario contra la misma. Sin embargo, sería posible la interposición por la Abogacía del Estado de recurso extraordinario de casación en interés de ley.

Los jueces de instrucción que se hallen en la misma situación que el recurrente podrían solicitar la extensión de efectos, en ejecución de sentencia, conforme al art. 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Lo que ofrece más dudas es si los fiscales podrían también solicitar dicha extensión de efectos por entender que concurren los requisitos fijados para ello en el artículo de referencia, en especial la relativa a que “los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo”.

En tanto transcurre el plazo de tres meses de posible interposición del recurso extraordinario de casación, las tres asociaciones de Fiscales, de manera conjunta, hemos acordado realizar un estudio sobre la situación para poder informaros, cumplido el plazo, si procede o no solicitar la extensión de efectos o, en caso negativo, el inicio por un solo Fiscal de un nuevo procedimiento de reclamación de cantidad, que permita alcanzar una Sentencia estimatoria, respecto de la cual sí se pudiese solicitar la extensión de efectos por cada uno de los fiscales que se hallaren en la misma situación.

 

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