Si bien desde hace ya más de doce años que ingresé en la Carrera Fiscal vengo escuchando que la investigación del proceso penal debe corresponder al Ministerio Fiscal con la creación de un Juez de Garantías, reservando para el resto de Jueces en la jurisdicción penal la labor que les es netamente propia, esto es; la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, habiendo presenciado en este tiempo diferentes intentos de aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta línea, lo cierto es que ninguna reforma legislativa a este respecto ha llegado a buen puerto. Sin embargo, el actual Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal apunta maneras de venir para quedarse, pues parece que hay voluntad política para ello y las necesarias mayorías parlamentarias para su aprobación.

Desde el año 2000 el Fiscal es el instructor en los procesos penales, cuando el responsable de los hechos es un menor. En dicho sector del Derecho, se ha evidenciado el éxito de la transferencia de funciones investigadoras, desde el juez de menores al fiscal de menores, estando tan asumida tal situación que nadie se plantea su reforma.

Sin embargo, y como una anomalía en el concierto de las naciones de nuestro entorno, la investigación de los delitos cometidos por adultos todavía se encomienda a un juez, no obstante la previsión constitucional, que faculta a los jueces para juzgar y ejecutar lo juzgado, así como prestar la garantía de algún derecho. La actual realidad jurídica de nuestro sistema, que sustrae al Ministerio Público el cumplimiento pleno de su función de promover la justicia, no obstante contar para ello con facultades de investigación y la policía judicial, parece que podría enmendarse, en virtud de una anunciada reforma de la legislación.

El pasado mes de marzo se celebró en el Centro Nacional de Desaparecidos una jornada especial, en la que se abordó la acción de las sectas ilegales en relación con la ausencia de personas. Es difícil imaginar una situación más angustiosa que la causada por la desaparición de un ser querido. Las múltiples iniciativas orientadas a confortar a los afectados, a potenciar las investigaciones y búsquedas, y a concienciar a la sociedad sobre el fenómeno de las ausencias, constituyen una manifestación de la solidaridad de España entera con las víctimas.