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La Amnistía en la doctrina del Tribunal Constitucional. Álvaro Redondo Hermida.
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En la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el 15 de julio, la Fiscal General del Estado encargó a los vocales que transmitieran a aquellas asociaciones que reclamaban de ella una explicación sobre la posición de la Fiscalía en determinadas cuestiones que no habría pronunciamiento alguno porque entendía que tales cuestiones eran políticas.
El mensaje, de indudable valor oracular, obligaba a examinar las demandas que en tal sentido se habían formulado. Casualmente el día antes se publicó un artículo firmado por la Asociación de Fiscales donde se reclamaba a la Fiscal General del Estado que expusiera la razón por la que la Fiscalía no se habían pronunciado sobre la procedencia o no de recurrir los Decretos de concesión de indultos a los condenados por el Tribunal Supremo tras el juicio del «procés».
La Asociación de Fiscales (AF) insta al Ministerio de Justicia a regular un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «que lo blinde de toda injerencia política», que se dote de autonomía presupuestaria a la Fiscalía, «como tiene el Consejo General del Poder Judicial», y le atribuya capacidad de gestión y de reglamentación para alejar así a la Carrera Fiscal de la «tutela» del Ministerio.
Así lo reivindica la asociación mayoritaria de fiscales «como requisito indispensable para la atribución al fiscal de la investigación penal» que recoge el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según señala a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El Consejo Fiscal aprobó ayer por unanimidad el informe al anteproyecto de la LECrim y pide algunos ajustes en la norma, como limitar la intervención del juez de garantías, «en la misma línea que planteaba la Asociación de Fiscales en su informe presentado al Ministerio de Justicia el pasado mes de abril en trámite de alegaciones», indica Dexeus.
Después de más de 40 años aún quedan ecos del pasado de aquel Fiscal de 1870 que, además de promover la acción de la Justicia, representaba al Gobierno en lo concerniente a sus relaciones con el Poder Judicial, como subordinado del Ejecutivo.
Sin embargo, la Constitución española acaba con la configuración del Ministerio Fiscal como órgano de relación del Gobierno con los Tribunales, para considerarlo parte del Poder Judicial con autonomía propia y con una finalidad completamente ajena a la que tuvo en su pasado, pues le encomienda la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos tutelados por la ley, así como velar por la imparcialidad de los tribunales.
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A mediados de abril conocimos la sentencia de la denominada Manada de Sabadell, que impone más de 30 años de prisión por delitos contra la libertad sexual y que, sin embargo, no ha sido noticia por este buen resultado (desde el punto de vista de las acusaciones), sino por la actuación del fiscal en el juicio, al que le llovieron críticas externas e internas por lo que se consideró un interrogatorio poco agradable y empático, queriendo dibujar al representante del Ministerio Público como alguien... Seguir leyendo.