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La independencia del Ministerio Fiscal. Por Antonio Roma Valdés.

La comunicación pública de la propuesta del Presidente del Gobierno de proponer como Fiscal General del Estado a quien hasta ahora ha ejercido sus funciones como Ministra de Justicia ha generado un amplio revuelo social y son muchas las voces que se han alzado poniendo de manifiesto las dudas sobre la imparcialidad y la necesidad de preservar la independencia del Ministerio Fiscal.

La imparcialidad, principio constitucional que rige la actuación del Ministerio Fiscal en España y que también se predica de los jueces, supone la ausencia de una posición predeterminada al margen del debido cumplimiento de la ley en beneficio de toda la sociedad. Y la imparcialidad implica también la existencia de una impresión pública en relación con esta posición en las que todos debemos ser muy cuidadosos, desde el primero al último de los integrantes del Ministerio Público. En este caso, el paso directo de una posición a otra no es precisamente esperanzador.

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El Ministerio Público debe tener independencia funcional respecto de los restantes poderes públicos. Por Antonio Roma.

Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Así dice literalmente el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.

Con esta elegante expresión, la Asamblea Nacional francesa estableció las condiciones para que los derechos proclamados fuesen efectivos, se asentase el estado de derecho y la democracia constituyese la forma esencial para su gobierno.

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