Asociación de Fiscales Asociación de Fiscales

Comunicado de la Comisión Ejecutiva. Enero 2020.

Ante las manifestaciones de uno de los Ministros del Gobierno, sumadas a las realizadas en fechas recientes por el Presidente, la Asociación de Fiscales cree necesario volver a recordar lo que nuestro ordenamiento jurídico dice sobre la naturaleza del Ministerio Fiscal (artículo 2, EOMF):

“El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

Exigimos a nuestros responsables políticos no sólo un mejor conocimiento del Ministerio Fiscal, una de las Instituciones básicas del Estado de Derecho, sino fundamentalmente de los principios que rigen su actuación, autonomía e independencia.

En Madrid, a 20 de enero de 2020.

La Comisión Ejecutiva

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El sistema actual de oposición a judicatura y fiscalía es el mejor de los posibles. Por Miguel Rodríguez Marcos.

Miguel Rodríguez Marcos | 20 Enero, 2020

El pasado 31 de diciembre de 2.019 tuvimos conocimiento del documento consensuado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos titulado “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, en el que se recogen únicamente cuatro propuestas en materia de Justicia y que abarcan, textualmente, menos de media cara del total de 49 folios que componen el documento (lo que refleja, per se, la importancia que la Justicia tiene para los firmantes) en cuyo punto 2.12.2 establece que “modernizaremos el sistema de acceso a la carrera judicial” recogiendo textualmente que: “Para ello, nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes”.

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Idoneidad para el cargo de Fiscal General. Por Begoña Ramos Ares.

Hace unos días, cuando el presidente del Gobierno (todavía en funciones) afirmaba que la Fiscalía General del Estado estaba para obedecer sus órdenes, -«¿la Fiscalía de quien depende?»-, no era solo una demostración de intenciones sino que en cierta forma estaba adelantando lo que ya muchos sospechaban y nadie se atrevía a mencionar. Esa ostentación de poder tan a la ligera, nos recuerda lo frágil que puede llegar a ser el pilar básico de nuestra joven democracia representativa, el principio de separación o división de poderes, cuya esencia era perfectamente descrita por Montesquieu, para quien «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; va avanzando hasta que encuentra límites». Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que por el buen orden de las instituciones, el poder detenga al poder. Así las cosas, parece que la designación y nombramiento por primera vez en la historia de la democracia, de una ministra de Justicia -miembro por tanto de un Gobierno determinado- como responsable máxima del Ministerio Fiscal en su cargo de Fiscal General del Estado, adolece de no pocas suspicacias en torno a su imparcialidad e idoneidad para el puesto, si lo que se pretende es salvaguardar ese principio de división de poderes a fin de evitar abusos de poder mediante el control recíproco de todos y cada uno de ellos.

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La independencia del Ministerio Fiscal. Por Antonio Roma Valdés.

La comunicación pública de la propuesta del Presidente del Gobierno de proponer como Fiscal General del Estado a quien hasta ahora ha ejercido sus funciones como Ministra de Justicia ha generado un amplio revuelo social y son muchas las voces que se han alzado poniendo de manifiesto las dudas sobre la imparcialidad y la necesidad de preservar la independencia del Ministerio Fiscal.

La imparcialidad, principio constitucional que rige la actuación del Ministerio Fiscal en España y que también se predica de los jueces, supone la ausencia de una posición predeterminada al margen del debido cumplimiento de la ley en beneficio de toda la sociedad. Y la imparcialidad implica también la existencia de una impresión pública en relación con esta posición en las que todos debemos ser muy cuidadosos, desde el primero al último de los integrantes del Ministerio Público. En este caso, el paso directo de una posición a otra no es precisamente esperanzador.

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Carta a la Fiscal General del Estado solicitando expresa dotación de medios para la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores.

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En el mes de abril del año pasado se anunció la creación en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

La misión constitucional reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 124 de la Constitución Española en la protección y garantías de los derechos de los colectivos vulnerables, particularmente personas con discapacidad y mayores, se verá reforzada con su creación.

La demora en la efectiva constitución de esta Fiscalía especializada, frente a otras materias que gozan desde años de Fiscalías de Sala especializadas, no ha sido entendida por quienes sentimos que la protección del interés social demanda del Fiscal una actitud proactiva que permita cambios, progresos y mejoras en los derechos de las personas con discapacidad y mayores. Sin embargo, no será suficiente su efectiva (y anhelada) creación, sino que hemos de demandar asimismo una conveniente dotación de medios.

Esta Fiscalía especializada debe dedicar atención separada y diversa, por el propio carácter heterogéneo de la discapacidad, y por los diferentes ámbitos en que se proyectan sus dificultades en el ejercicio pleno de sus derechos en nuestra sociedad- todavía lejos de ser inclusiva-), y debe hacerlo con solvencia.

Las expectativas generadas con el anuncio de la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores en el propio colectivo afectado no pueden ser defraudadas por quienes tenemos el mandato constitucional de reivindicar, salvaguardar, y proteger sus derechos. No caben políticas de coste cero en un ámbito tan sensible y tan necesitado de apoyos.

Por todo ello, demandamos la efectiva creación con la dotación suficiente de esta Fiscalía de Sala, para que disponga de los medios materiales y personales que le permitan cumplir con los fines señalados supra.

Madrid, 15 de enero de 2020

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

Comunicado de la A.F. sobre el nombramiento del F.G.E.

La Asociación de Fiscales muestra su sorpresa ante la noticia de que el Gobierno propondrá a Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado.

La Asociación de Fiscales desde el respeto profesional y personal que le merece quien ha sido compañera de Carrera, muestra su malestar y preocupación por la imagen de politización y falta de independencia e imparcialidad trasmitida al colocar en la cúspide de la Carrera Fiscal a una persona que ha sido Ministra de Justicia hasta hace pocas horas.

La Asociación de Fiscales quiere expresar su firme voluntad de velar por la autonomía de todos los fiscales como única manera de evitar que la independencia de la Institución se resquebraje y para que nada ni nadie enturbie el servicio que prestamos a la sociedad.

La Asociación de Fiscales exhorta a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, servidas en su inmensa mayoría por personas comprometidas con su función constitucional y siempre al servicio público.

En Madrid, a 13 de enero de 2020.

La Comisión Ejecutiva.

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La A.F., en desacuerdo total con la pretensión del Gobierno de modificar el sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial. Entrevista a Cristina Dexeus.

Rosalina Moreno | 09 Enero, 2020

La Asociación de Fiscales (AF) ha manifestado hoy su «rotunda disconformidad» con la pretensión del Gobierno de modificar el sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial, al entender que «el actual sistema de acceso, por oposición, es el mejor de los posibles».

«Al ser el más objetivo y estar alejado de toda politización», ha señalado en un comunicado esta asociación después de que el acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos recoja entre las medidas para una «Justicia eficaz» (Punto 2.12), que el Ejecutivo modernizará el sistema de acceso común a las Carreras Judicial y Discal y que para ello se inspirará «en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes».

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