I. El papel fundamental de la educación y su obligatoriedad

Ni los futuristas invasores alienígenas resistieron el azote de los violentos microorganismos que pueblan nuestro planeta en la obra de H.G.Wells, La Guerra de los Mundos. Por ello, no debemos decepcionarnos definitivamente ante la impotencia de gestionar una pandemia como la que hoy nos afecta armados con un puñado de objetos casi rudimentarios y un par de conductas que poco a poco vamos aprendiendo.

Queremos certezas, ansiamos que nuestros alabados pero mal alimentados servicios públicos marchen como siempre. O incluso mejor. Muchos han encontrado en las redes sociales un foro donde desgañitarse con desesperación porque el complejo artilugio que paga con sus impuestos no responde robóticamente al apretar el botón. Y nuestros esquemas participativos de diseño y fabricación en la década de los setenta no proporcionan muchas alternativas al recién interesado. La educación no es una excepción.

La educación no se concibe únicamente como un instrumento dirigido a la gestación de profesionales. De acuerdo con nuestra Constitución, todos sin excepción tienen derecho a ella (27.1 CE), y su propósito principal es el de lograr “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (27.2 CE). Pero no es el único objetivo. Los españoles hemos considerado esencial que nuestros esfuerzos organizativos como sociedad y económicos por medio de los tributos proporcionen a este servicio público una relevancia de primer orden por amor a unos muy loables principios. No se trata sólo de formar buenos profesionales, rectos ciudadanos o realizados seres humanos. En el marco de una sociedad que despliega su actividad económica según las reglas del mercado (38 CE), un servicio público educativo excelente es la premisa imprescindible para que exista igualdad real de oportunidades. Frente a esa igualdad de oportunidades se encuentra el modelo de tiempos pretéritos o naciones no tan lejanas donde los oficios y profesiones que proporcionan estabilidad, calidad de vida y libertad a los individuos se heredan, se compran o sólo están al alcance de las élites. Al resto, sólo le queda malvivir, la semiesclavitud o un régimen de libertad de baja calidad.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último Pleno del Consejo Fiscal celebrado los días 29 y 30 de julio de 2020 y en la que algunos de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- participaron nuevamente por videoconferencia.

A partir de este Pleno, comenzamos a abordar los informes para la cobertura de las distintas plazas discrecionales, la mayoría de ellas pendientes de concurso y resolución desde hace más de un año. La novedad introducida por la actual Fiscal General del Estado es la de entender como una norma no escrita la analogía a nuestra Carrera del límite de los diez años en los mandatos temporales establecido para la Carrera Judicial tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (introducida por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre).

Con carácter previo a entrar en el orden del día del Consejo Fiscal, los Vocales electivos de la Asociación de Fiscales quisimos expresar, una vez más, nuestro disgusto por elincumplimiento sistemático de lo preceptuado en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal, en el que se fija que la convocatoria, que se debe realizar por escrito con ocho días como mínimo de antelación a la fecha de celebración del Pleno, debe ir acompañada del orden del día y la documentación que proceda en relación a los asuntos a tratar. Una vez más,la documentación, y en este caso también el orden del día, se recibieron con plazo inferior; parte de dicha documentación, incluso, tan solo uno y dos días antes a la celebración del Pleno.

En el público debate encontramos la propuesta de algunos sectores, tendente a suprimir la sanción penal de las injurias a la Corona. Este cambio nos alejaría de las monarquías parlamentarias, que protegen especialmente el honor del Rey. Observamos dicha previsión en los artículos 115 y 267 del código penal danés, o en el capítulo 18, en relación con el capítulo 5, sección primera, del código penal sueco. El código penal holandés castiga las injurias al Rey con cinco años de prisión (sección 111).

La gravedad de dichas injurias ha ido variando, desde una severa consideración como traición o delito contra la seguridad nacional (Novísima Recopilación, código de 1848), hasta la actual concepción, propia de nuestro avanzado sistema democrático, que las define como un delito contra la Constitución.

Nuestras leyes protegen la dignidad del Rey, por ser quien ejerce la función más alta. El Rey es símbolo de la unidad y permanencia de la nación, asume la garantía del funcionamiento regular del Parlamento, del Gobierno y de los Tribunales (artículo 56 CE), es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (artículo 62.h) CE) y primer Embajador de España (artículo 63 CE).