El colectivo de fiscales carece a día de hoy de un plan específico y propio de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud en clara vulneración del mandato constitucional recogido en la Constitución Española y desarrollado en la Ley 31/1995.

El artículo 40.2 de la CE encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla el anterior mandato constitucional y la política de protección de la salud de los trabajadores en general y en particular, mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, estableciendo el conjunto de garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, de un modo coherente, coordinado y eficaz de prevención de los riesgos laborales plenamente aplicable a los fiscales pues cuando
alude a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último Pleno del Consejo Fiscal celebrado el día 27 de octubre de 2020, que tuvo que continuar el 30 de octubre, y en el que varios de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- volvieron a participar por videoconferencia.

En este pleno continuamos la labor emprendida en el del mes de julio de elaboración y votación de los informes a las propuestas de nombramientos discrecionales que ha de hacer la Fiscal General del Estado para cubrir el gran número de plazas que hay vacantes en la actualidad o cuyo titular ha agotado ya el plazo estatutario de los cinco años.

Llamamos vuestra atención sobre el hecho de que -siguiendo la línea ya iniciada en el mencionado pleno del mes de julio- la Fiscal General del Estado ha realizado el mayor número de propuestas de acuerdo con los votos emitidos por los Vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales. En esta ocasión, además, en los tres casos en que la Fiscal General ha decidido la promoción a la primera categoría lo ha sido para proponer al Consejo de Ministros el ascenso de candidatos miembros de la Unión Progresista de Fiscales.

1 COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SECCIÓN SOCIAL)

La Fiscal General del Estado anunció el nombramiento en comisión de servicios en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier de Torres Martínez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Málaga y en situación de comisión de servicios desde hace ya cuatro años en aquel lugar, con el apoyo de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales, de tres de los cuatro Vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y de los dos miembros natos.

Uno de los Vocales de la lista de la UPF dio su voto a D. Francisco Javier García Lacunza, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

2 PROPUESTA NOMBRAMIENTO CONCURSO PLAZAS DISCRECIONALES (ORDEN JUS/922/2020, de 24 de septiembre. BOE de 1 de octubre)

En este apartado continuamos -como os decíamos al principio de este comunicado- el abordaje de los informes para la cobertura de las numerosas plazas discrecionales pendientes que comenzamos el mes de julio. Queremos dejar constancia -y nos congratulamos por ello- de la enorme calidad de la mayor parte de los peticionarios, como lo demuestran sus currículos y, fundamentalmente, sus ambiciosos y completos programas de actuación. Sin duda, ello nos genera grandes dificultades a la hora de decidir nuestros apoyos, pero, a la vez, nos confirma la grandeza de nuestra Carrera.

2.1 Fiscalía del Tribunal Supremo. Fiscal de Sala Jefe Sección Penal (Sala de lo Penal del Tribunal Supremo)

En esta propuesta se abstuvo de informar el Excmo. Sr. D. Luis Navajas Ramos, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último pleno del Consejo Fiscal que, convocado para los días 22 y 23 de septiembre, tuvo que continuar el 22 de octubre al quedar suspendida la sesión del día 23 por razones sanitarias relacionadas con el COVID-19. Como en ocasiones anteriores, varios de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas precisamente de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- participaron nuevamente por videoconferencia. A este pleno no asistió el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

El punto fundamental del orden del día fue el relativo a la aprobación por unanimidad del denominado Código Deontológico de la Carrera Fiscal -con lo que se da cumplimiento a la Recomendación del GRECO sobre la necesidad de un código de conducta para Fiscales de fácil acceso para el público, y que se complemente con una orientación dedicada a los conflictos de intereses y otros asuntos relativos a la integridad.

Recordaréis que la precipitada suspensión de la sesión celebrada en la mañana del día 23 de septiembre nos impidió plantear a la Fiscal General en el apartado de ruegos y preguntas (al que no se había llegado aún en el transcurso de la reunión) una cuestión que entendíamos de especial trascendencia por su relevancia para la Institución y para la Carrera y motivo de honda preocupación para los Fiscales. Por tal razón, al finalizar la sesión, nos dirigimos a la Fiscal General por escrito con las siguientes preguntas: