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Comunicado de la Asociación de Fiscales tras la reunión con el Ministro de Justicia el día 8 de febrero de 2017 Destacado

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Tras la reunión mantenida por las tres asociaciones de fiscales el pasado miércoles 8 de febrero con el ministro de Justicia, la secretaria de Estado y otros miembros del ministerio, pasamos a informaros de los diferentes temas tratados:

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

Indica el Ministro que se trata para ellos de un proyecto prioritario, y que por coherencia se están realizando a la vez las reformas de la LECr. y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para la elaboración del primero de los dos textos se están utilizando los proyectos denominados Caamaño y Gallardón para efectuar un Texto refundido y buscar con el mismo un amplio consenso. Para ello, quieren contar con las asociaciones de fiscales, que serán convocadas para participar en una Subcomisión. Asumen que los tiempos de implantación serán complejos y largos. Tratarán de que en uno o dos meses exista ya un borrador de ambos textos para debate, sin perjuicio de que durante la elaboración de éstos se recabe ya la opinión de las asociaciones a través de grupos de trabajo o mediante la petición de informes escritos.

Intentarán que la aprobación de los textos se realice a principios del año próximo, si bien la transformación de juzgados, cambio de plantillas y cuestiones de implantación requerirán un largo período posterior.

Se insiste por el Ministerio en que no existen ideas preconcebidas y, a preguntas de los representantes de las asociaciones, se matiza que la idea no es someter el Ministerio Fiscal al Juez de garantías; se trata de configurar un Ministerio Fiscal autónomo en la investigación y en la práctica de diligencias, de forma que sólo habrá una última fase a dirimir por el Juez de garantías respecto a las diligencias que no acordadas por el Fiscal de las solicitadas por las partes. Reiteran que el Fiscal intervendrá en una primera fase, en cuanto a las diligencias propias de la investigación y, después, ya en una segunda fase, se producirá la intervención del Juez de garantías, de forma que no habrá intromisión del Juez de garantías en las funciones del Fiscal, pues no podrá ordenar al Fiscal qué diligencias tiene que practicar; pretenden equilibrar garantías y eficacia. Tienen también especial interés en señalar que no se trata de cambiar al actual Juez de instrucción por el Fiscal.

El Ministro quiere dejar claro que no es pretensión del Ministerio realizar en la LECr. reformas parciales sino una reforma integral y reitera que están comenzando y no tienen una idea preconcebida ni un modelo a seguir, ya que buscan soluciones concretas y no modelos prefijados. Recuerda, además, que para su aprobación se necesita mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y que tienen todavía mucho que hablar con los otros grupos políticos. Entienden, además, que es muy importante que exista un consensocon las asociaciones para que el proyecto triunfe.

Por los representantes de las asociaciones se señala la necesidad de cambiar el Reglamento de la Carrera Fiscal, de forma que el proyecto del mismo debiera estar prácticamente ultimado cuando se aprueben LECr. y EOMF., ya que difícilmente se pueden asumir nuevos desafíos y responsabilidades profesionales cuando se carece de la legislación necesaria para ello.

Respecto a la posible unificación de carreras, el ministro señala que aún nosaben cuántos fiscales se necesitan, que se tienen que estudiar las cargas detrabajo y ver dónde se está interviniendo y dónde puede prescindirse de hacerlo, pero que es posible que la unificación de carreras sea una opción, fijando, además, un único cauce de ingreso. A este respecto se insiste por las asociaciones que cualquier ampliación de plantilla en la Carrera debe realizarse forzosamente de plazas de la segunda categoría.

Se indica a los representantes ministeriales que la máxima preocupación en la Carrera es el problema de las necesidades de la implantación de la reforma y el presupuesto para que todo funcione. Al respecto, la Secretaria de Estado señala que se trata de realizar tres fases: plan legislativo, plan estatutario y plan implantación, y que los contactos se llevarán a cabo tanto en el plano político parlamentario, como con la Fiscalía General del Estado y las asociaciones.

EXPEDIENTE DIGITAL.

Se pone de manifiesto a los representantes del Ministerio que el principal problema es el hecho de que no se ha dado a la Carrera Fiscal las herramientas básicas para trabajar con expediente digital, como es un ordenador o una tableta, que permitan acceso a la red y al Visor y, por tanto, a los procedimientos tanto en Sala, durante la celebración de juicio, como en el propio domicilio. Al respecto, los responsables ministeriales refieren que ello ya está presupuestado y que se entregarán en unos meses esas herramientas.

También se señala que la necesidad de utilizar distintas aplicaciones es un  trabajo excesivo para los fiscales y que debería existir una única aplicación, ya que actualmente para trabajar en el expediente digital es necesario tener abiertas las de Fortuny, Lexnet, Visor, documento Word.... Consideran en el ministerio que eso se debe a que la Fiscalía General del Estado ha querido mantener Fortuny y que actualmente se está trabajando con Fortuny Digital para que sirva como aplicación única.

Se plantea por las asociaciones el problema que supone no contar con la transcripción de las grabaciones que obran en la causa a la hora de realizar el extracto, que debe acompañar a las calificaciones. Ante las reticencias del Secretario general, la Secretaria de Estado dice que se buscará la posibilidad de utilizar programas para transcribir las mismas. Respecto a esta cuestión se pone de manifiesto también al ministerio que los LAJ no introducen las grabaciones en el visor, por lo que el expediente digital queda incompleto, a lo que ellos pretextan que el manual de Minerva lo prohíbe. El Secretario general dice que ello no es así y el Ministro le requiere para que compruebe los extremos indicados.

CEJ.

En materia de formación de fiscales se refiere por parte de los responsables del Ministerio de Justicia que se ha optado por un cambio del modelo de funcionamiento del Centro de Estudios Jurídicos, que conlleva no sólo un cambio de la dirección asumida desde hacía años por un miembro del Ministerio Fiscal sino también en la supresión de la figura del Fiscal Asesor, por considerar más conveniente mantener a los fiscales asesores del Ministerio en el propio Ministerio y no en el Centro de Estudios Jurídicos y por entender que la interlocución entre el Centro de Estudios Jurídicos y nuestra Carrera se puede articular directamente con la Secretaría Técnica. Aunque los responsables del Ministerio expusieron que la implantación de un determinado modelo en formación es de su exclusiva competencia, queremos poner de manifiesto la enorme pérdida institucional que supone para la Carrera Fiscal la supresión de nuestra presencia en el Centro de Estudios Jurídicos y los enormes problemas que genera la ausencia en el organigrama CEJ de un miembro del Ministerio Fiscal capaz de dar respuesta a los problemas organizativos reales de dirección y formación de los fiscales, así como ser el punto de contacto con los fiscales en prácticas y el enlace entre directores y ponentes de formación continua. Consideramos que toda la formación de la Carrera Fiscal, órgano de relevancia constitucional, debe corresponder exclusivamente al Ministerio Fiscal integrado con autonomía funcional en el poder judicial, sin compartir que la formación de nuestra Carrera corresponda a cuerpos ajenos a la función jurisdiccional.

A preguntas de las asociaciones los responsables del Ministerio reconocieron saber de los problemas que se estaban produciendo en los retrasos del pago de dietas a los fiscales, tanto asistentes como ponentes de cursos, y manifestaron que era debido a la falta de un refuerzo de personal en la gestión del CEJ, pero que está en vías de solución a corto plazo.

ARTICULO 324.

Se abre un tenso debate sobre lo que está suponiendo en la práctica la vigencia del art. 324 de la LECr. Se indicó por los representantes de las asociaciones la suspensión o la modificación parcial del mismo, insistiendo en que debe quedar claro que el traslado de los procedimientos lo deben dar los LAJ, a lo que se opone abiertamente el Secretario general de justicia, diciendo que eso no es función de los LAJ, quienes sólo tienen que controlar plazos en civil, no en penal. La Secretaria de Estado apunta que esa cuestión se zanjará con la asunción de la investigación por el Fiscal, a lo que se le responde que podemos estar hablando de una ley con vacatio de cinco años, una vez sea aprobada y que el problema no puede esperar tanto tiempo. Aunque el visor ha minimizado algunos problemas de control en las fiscalías de territorio ministerio, lo cierto es que sigue habiendo problemas y, además, las inhibiciones, requisitorias y reaperturas siguen fuera del control de los fiscales. Finalmente, los representantes del Ministerio indican que se seguirán estudiando los problemas y viendo qué soluciones se pueden conseguir, y añaden que se podrían estudiar y valorar redacciones alternativas a la actual del artículo.

OTROS TEMAS.

Por último, y antes de concluir la reunión, se pregunta sobre el derecho a la retribución por el descanso no disfrutado, tras concluir la guardia semanal (8º día), concretamente si el Ministerio está dispuesto a tomar la iniciativa del pago. Para responder a esta cuestión, la Secretaria de Estado cede la palabra a D. Ignacio Acón, asesor del ministerio, quien señala que existen pronunciamientos contradictorios, estimatorios y desestimatorios en las resoluciones judiciales y la Administración, por tanto, no puede estimar una reclamación administrativa, y asumir el Ministerio dicho pago. Pero indican que la Abogacía del Estado informará favorable la viabilidad de la extensión de efectos, si el asunto es equivalente y responderá de forma rápida. Sostienen que eso es lo único que pueden hacer como gestores de fondos públicos. Después de las diversas reuniones y negociaciones mantenidas con elMinisterio sobre este tema y tras las cuales habíamos concluido que las posibilidades para que el pago lo realizara el Ministerio, sin necesidad de tener que acudir a la extensión de efectos, eran buenas, no podemos negar nuestra decepción porque no sea así y hayamos visto, una vez más, frustradas nuestras expectativas en la satisfacción de un derecho que nos corresponde.

Asimismo se pide a los representantes del Ministerio una reflexión sobre los nombramientos que se están produciendo en el ámbito internacional, haciendo especial hincapié en que en ningún caso deben quedar relegados los fiscales en beneficio de los jueces. Se llama la atención especialmente sobre el próximo nombramiento que debe producirse en el programa Paccto.

En Madrid, a 15 de febrero 2017.
La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales