La Asociación de Fiscales celebrará su XXIII Congreso bajo el lema “en defensa de nuestra independencia”

Jueves, 18 de noviembre. Bajo el lema “en defensa de nuestra independencia”, la asociación mayoritaria de fiscales en España celebrará el próximo 26 y 27 de noviembre su XXIII Congreso en Zaragoza, donde se elegirá a la nueva ejecutiva. “Con este lema”, apunta la presidenta Cristina Dexeus reivindican “la necesaria independencia del Fiscal General del Estado y de la Fiscalía respecto al poder político y la defensa de neutralidad de la institución".

En la última reunión del Consejo Fiscal celebrada el 15 de julio, la Fiscal General del Estado encargó a los vocales que transmitieran a aquellas asociaciones que reclamaban de ella una explicación sobre la posición de la Fiscalía en determinadas cuestiones que no habría pronunciamiento alguno porque entendía que tales cuestiones eran políticas.

El mensaje, de indudable valor oracular, obligaba a examinar las demandas que en tal sentido se habían formulado. Casualmente el día antes se publicó un artículo firmado por la Asociación de Fiscales donde se reclamaba a la Fiscal General del Estado que expusiera la razón por la que la Fiscalía no se habían pronunciado sobre la procedencia o no de recurrir los Decretos de concesión de indultos a los condenados por el Tribunal Supremo tras el juicio del «procés».

La sociedad española observa con enorme preocupación y cansancio el espectáculo de la lucha partidista por controlar el Poder Judicial, conscientes cada vez más ciudadanos de que no hay Democracia sin Separación de Poderes. Por eso, los firmantes de este manifiesto RECLAMAMOS:

1) Que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sirva para lo que se creó: garantizar la independencia de este Poder del Estado respecto de los otros dos (Legislativo y Ejecutivo). Un CGPJ elegido al completo por otro Poder del Estado difícilmente puede garantizar dicha independencia, que sólo es posible respetando la Separación de Poderes, fundamento y esencia de nuestra Democracia.

2) Que los otros dos Poderes del Estado dejen de interferir en el sistema de nombramiento de los jueces, como diversas instancias europeas vienen reclamando al Reino de España: insistir en un modelo agotado, superado y caduco como el actual dificulta el efectivo control que ejerce y debe ejercer el Poder Judicial sobre el Legislativo y Ejecutivo.

3) Que se retire definitivamente la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reduciendo las mayorías parlamentarias para elegir a los 12 vocales judiciales del CGPJ: esa reforma agrava aún más la politización del órgano de gobierno de los jueces y se aleja por completo de los estándares europeos de independencia y apariencia de independencia que son exigibles para la Separación de Poderes que caracteriza a un Estado de Derecho.

4) Que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por todos los jueces y magistrados conforme al texto y al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución Española, reformando para ello la LOPJ de acuerdo a las decisiones y recomendaciones que Europa lleva años reiterando a nuestro país para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial en España.

30 DE OCTUBRE DE 2020

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA (AJFV)
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (FJI)
ASOCIACIÓN DE FISCALES (AF)
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)

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Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial
Asociación de Fiscales

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La comunicación pública de la propuesta del Presidente del Gobierno de proponer como Fiscal General del Estado a quien hasta ahora ha ejercido sus funciones como Ministra de Justicia ha generado un amplio revuelo social y son muchas las voces que se han alzado poniendo de manifiesto las dudas sobre la imparcialidad y la necesidad de preservar la independencia del Ministerio Fiscal.

La imparcialidad, principio constitucional que rige la actuación del Ministerio Fiscal en España y que también se predica de los jueces, supone la ausencia de una posición predeterminada al margen del debido cumplimiento de la ley en beneficio de toda la sociedad. Y la imparcialidad implica también la existencia de una impresión pública en relación con esta posición en las que todos debemos ser muy cuidadosos, desde el primero al último de los integrantes del Ministerio Público. En este caso, el paso directo de una posición a otra no es precisamente esperanzador.

Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Así dice literalmente el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.

Con esta elegante expresión, la Asamblea Nacional francesa estableció las condiciones para que los derechos proclamados fuesen efectivos, se asentase el estado de derecho y la democracia constituyese la forma esencial para su gobierno.