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Carta a la Fiscal General del Estado solicitando expresa dotación de medios para la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores.

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

En el mes de abril del año pasado se anunció la creación en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala Coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores por Real Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

La misión constitucional reconocida al Ministerio Fiscal en el art. 124 de la Constitución Española en la protección y garantías de los derechos de los colectivos vulnerables, particularmente personas con discapacidad y mayores, se verá reforzada con su creación.

La demora en la efectiva constitución de esta Fiscalía especializada, frente a otras materias que gozan desde años de Fiscalías de Sala especializadas, no ha sido entendida por quienes sentimos que la protección del interés social demanda del Fiscal una actitud proactiva que permita cambios, progresos y mejoras en los derechos de las personas con discapacidad y mayores. Sin embargo, no será suficiente su efectiva (y anhelada) creación, sino que hemos de demandar asimismo una conveniente dotación de medios.

Esta Fiscalía especializada debe dedicar atención separada y diversa, por el propio carácter heterogéneo de la discapacidad, y por los diferentes ámbitos en que se proyectan sus dificultades en el ejercicio pleno de sus derechos en nuestra sociedad- todavía lejos de ser inclusiva-), y debe hacerlo con solvencia.

Las expectativas generadas con el anuncio de la nueva Fiscalía de Sala de personas con discapacidad y mayores en el propio colectivo afectado no pueden ser defraudadas por quienes tenemos el mandato constitucional de reivindicar, salvaguardar, y proteger sus derechos. No caben políticas de coste cero en un ámbito tan sensible y tan necesitado de apoyos.

Por todo ello, demandamos la efectiva creación con la dotación suficiente de esta Fiscalía de Sala, para que disponga de los medios materiales y personales que le permitan cumplir con los fines señalados supra.

Madrid, 15 de enero de 2020

La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales

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Percibo cierta falta de sensibilidad hacia la trata de personas. Por Natividad Plasencia.

Natividad Plasencia, fiscal coordinadora para delitos de trata de personas y extranjería en Sevilla, expone en esta entrevista los problemas de sacar adelante una acusación por la vulnerabilidad de las víctimas, su riesgo de retractación y por la “falta de sensibilidad” que percibe, incluso entre los profesionales del Derecho, hacia este tipo de delitos. Es una situación que le recuerda a los primeros tempos de la violencia de género.

— ¿Qué problemas plantean los delitos de trata de personas?

Uno de los principales problemas que tiene la investigación de estos delitos es que las víctimas han vivido una experiencia tan traumática que lo primero que hay que hacer es convencerles para que colaboren y denuncien. Hay mecanismos de tutela como el periodo de reflexión para que durante al menos 90 días decidan si desea colaborar con las autoridades y en ese tiempo se suspende el procedimiento administrativo de repatriación. Aún así, los tiempos de la víctima no siempre coinciden con los del proceso penal. Hay víctimas que necesitan apoyo psicológico y un periodo importante para decidir si realmente desean colaborar.

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Los candidatos, suspensos por no tener en cuenta a las personas con discapacidad. Por Avelina Alía Robles.

La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) que garantiza el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad fue aprobada por unanimidad por las Cortes Generales.

Según su exposición de Motivos “el ejercicio del derecho de sufragio en igualdad de condiciones supone la máxima expresión de participación política de los miembros de una sociedad democrática.

Así lo recoge el artículo 29 del Tratado (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad) que conmina al Estado a garantizar el derecho al voto en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad, entre otras formas de participación política y pública”.

Esta ley ha derogado el artículo 3.1, letras b) y c) de la LOREG, y da una nueva redacción al artículo 3.2 que dispone que “Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”.

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