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Plazos de prescripción de los delitos durante el estado de alarma declarado por el COVID-19. Por Jaime Moreno Verdejo y Pedro Díaz Torrejón.

1. Introducción

La declaración del estado de alarma, en virtud del RD 463/2020, de 14 de marzo (SP/LEG/28571), ha traído consecuencias en el ámbito de la Administración de Justicia. En concreto, en materia procesal-penal se ha dispuesto la suspensión de determinados plazos, creando una situación de impasse en la que todo parece quedar congelado.

Ahora bien, no todos los plazos están afectados en igual manera por la suspensión temporal.

Se analiza en estas líneas un aspecto concreto: el efecto que tiene la suspensión de plazos acordada en el citado RD sobre la prescripción de los delitos.

2. Regulación de los plazos en el RD 463/2020

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Después de la sentencia. Por Pedro Díaz Torrejón.

La Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria instituyó un sistema de individualización científica de la pena privativa de libertad estructurada en grados de cumplimiento que se definía por su flexibilidad, de forma que no existía un período mínimo obligatorio de estancia en cada grado penitenciario, sino que obedecía a la evolución del interno, a su pronóstico de reinserción social y a su comportamiento en el centro penitenciario. Esto determinaba que en delitos graves y con penas extensas el penado podía (“en abstracto”) acceder al tercer grado, de manera que el período de cumplimiento efectivo de la pena en centro penitenciario pudiera llegar a ser muy reducido.

Para evitar esta consecuencia perniciosa del sistema, se modificó el Código Penal con la LO 7/2003, que reguló, en el artículo 36.2 CP, el llamado “período de seguridad”. Dicho precepto establecía que «cuando la duración de la pena de prisión impuesta fuese superior a cinco años, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta». La idea del legislador, por tanto, era garantizar que el condenado a penas graves cumpliera de forma efectiva en un centro penitenciario, al menos, la mitad de la condena.

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El Ministerio Fiscal es garante de la legalidad como protector de la víctima (Pedro Díaz Torrejón y Roberto Valverde Megías).

Fuente: ConfiLegal

Pedro Díaz Torrejón

Pedro Díaz Torrejón.

Fiscal delegado de Protección y tutela de las víctimas del proceso penal y delegado de Menores en la Fiscalía Provincial de Huelva.

Roberto Valverde Megías

Roberto Valverde Megías.

Fiscal delegado de Criminalidad Informática en la Fiscalía Provincial de Barcelona. Ambos son miembros de la Asociación de Fiscales.

Parece de reciente actualidad el análisis del papel del fiscal como garante de la protección procesal de la víctima, cuestionándose si la finalidad pretendida (salvaguardar a la víctima) es alcanzada con la labor del fiscal o si, por el contrario, deben articularse medidas de acompañamiento que garanticen una mayor efectividad.

Lo cierto es que la víctima siempre había sido considerada la gran olvidada del proceso penal (Herrero Tejedor, F. “Intervención de la víctima en el Proceso Penal: estudio detallado del marco normativo sobre protección de testigos”) y se alegaba que el proceso se construía sobre la dicotomía Estado-autor del delito, olvidando a la víctima, a la que se relegaba a un segundo plano (Landrove Díaz, G. “Las Víctimas ante el derecho español”).

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