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MIGUEL RODRÍGUEZ MARCOS | Vicepresidente de la Asociación de Fiscales
Oviedo, Marián Martínez
"El sentimiento es de honda preocupación por el desconocimiento que muestran los ministros e incluso el Presidente sobre el ministerio fiscal"
Miguel Rodríguez Marcos (Gijón, 1981) es vicepresidente de la Asociación de Fiscales, de ámbito nacional y mayoritaria, y fiscal en Asturias, especialista en delitos económicos y en protección de personas con discapacidad. Las últimas semanas han sido de especial “preocupación” para la carrera fiscal, por la designación de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado y por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien afirmó que la Fiscalía "depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno". La Asociación de Fiscales defiende la independencia y autonomía del ministerio fiscal, y mantiene su advertencia de que peleará para que se respete. Por eso reclama la implantación de reformas que refuercen a una institución del Estado que, remarca Rodríguez Marcos, está integrada en el Poder Judicial.
- Últimamente los fiscales están en el punto de mira.
- El sentimiento es de honda preocupación por el desconocimiento que muestran los ministros e incluso el presidente del Gobierno sobre la institución del ministerio fiscal.
Rosalina Moreno | 09 Enero, 2020
La Asociación de Fiscales (AF) ha manifestado hoy su «rotunda disconformidad» con la pretensión del Gobierno de modificar el sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial, al entender que «el actual sistema de acceso, por oposición, es el mejor de los posibles».
«Al ser el más objetivo y estar alejado de toda politización», ha señalado en un comunicado esta asociación después de que el acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos recoja entre las medidas para una «Justicia eficaz» (Punto 2.12), que el Ejecutivo modernizará el sistema de acceso común a las Carreras Judicial y Discal y que para ello se inspirará «en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes».
La obsesión es una perturbación anímica producida por un idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente del paciente. Con carácter general, conlleva una insaciable necesidad de poseer y dominar el objeto del delirio, por eso su origen etimológico procedente de la palabra latina 'obsessio' significa asedio. Parece bastante razonable el considerar que si dicha anomalía trasciende de la mera esfera individual al superior juego político, aspirando a convertirse en un relato mediático, sus repercusiones pueden ser mucho más perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos.
La Justicia, lamentablemente, no ha sido ajena a la necesidad obsesiva de construir relatos que permitan poseer y dominar su campo de actuación. De este modo, el pasado 30 de diciembre de 2019, se desveló ante la opinión pública el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos denominado 'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España', en cuyo punto 2.12 de forma escueta se abordaba el tema de una Justicia eficaz en cuatro apartados en que se dedica especial interés al modelo de acceso a la carrera judicial.
El Ministerio Fiscal asume diversas concepciones institucionales, según los diversos países que consideremos. A lo largo de nuestra propia evolución jurídica, en España hemos ido consolidando una idea esencial para el Estado de Derecho: la imagen de un Fiscal imparcial, autónomo del poder político, que ejerce sus funciones constitucionales con arreglo a la ley, procurando hacer justicia y defender el interés público.
La actual concepción de nuestra función es posiblemente la más avanzada y democrática que jamás hemos tenido. Hasta 1969, la legislación proclamaba que el Fiscal era un órgano de comunicación del Gobierno con el poder judicial. No está mal desarrollar una función de esa índole. Si el Gobierno es democrático y se rige por la ley, actuar como su valedor y representante es una función honrosa. Los embajadores de España representan al Gobierno de la Nación ante el propio de las naciones amigas o aliadas. Los señores Abogados del Estado defienden los intereses del Gobierno, considerado como Administración Civil del Estado, ante todos los órganos institucionales, tanto judiciales como administrativos, y lo hacen desde la plena legitimación que les concede el interés general al servicio del que actúan. Los Delegados del Gobierno tienen una función esencial en el ámbito territorial, siendo la defensa de la seguridad pública una de las más relevantes, y que más aprecian los ciudadanos honrados, que esperan poder desarrollar libremente su personalidad en paz y libertad.
Madrid, 6 de noviembre 2019
Ante las manifestaciones realizadas en el día de hoy en un programa de radio por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que ha afirmado que la Fiscalía depende del Gobierno, la Asociación de Fiscales quiere manifestar que la Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad. La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable.
Las siete asociaciones judiciales y de fiscales presentamos una serie de propuestas concretas dirigidas al Gobierno:
• Desarrollo reglamentario del art. 437.2 en órganos judiciales sobrecargados, asignándoles dos jueces/zas de manera permanente, con el correlativo aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones.