Introduction

In the Political Guidelines, President von der Leyen announced that the Commission will set up a comprehensive European rule of law mechanism covering all Member States, with objective annual reporting by the European Commission[1]. In July 2019, the Commission adopted its Communication on Strengthening the rule of law within the Union - a blueprint for action, setting out some of the features of such a mechanism[2]. The first annual Rule of Law Report is one of the major initiatives of the Commission’s Work Programme for 2020. The new European rule of law mechanism will act as a preventive tool, deepening dialogue and joint awareness of rule of law issues.

In the preparation of the annual Rule of Law Report, the Commission will rely on a diversity of relevant
sources, including input to be received from Member States, country visits, and stakeholders’ contributions.
In order to facilitate the appropriate involvement of stakeholders, the Commission is inviting stakeholders to
provide written contributions to the Report through this targeted consultation. The objective is to feed the
assessment of the Commission with factual information on developments on the ground in the Member
States

La Fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar asegura que cuando llegó al cargo «se habían rebasado todos los límites»

Macarena Arroyo asumió la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar en diciembre de 2017, cuando el narcotráfico causaba estragos en esta comarca gaditana y se había perdido el principio de autoridad. Ha logrado que los hermanos Tejón, «Los Castañitas», vuelvan a prisión tras recurrir una controvertida decisión judicial.

- ¿Cómo estaba la situación cuando asumió esta responsabilidad, hace ahora dos años?

- Habíamos llegado a una situación límite. Había bastante droga y se habían rebasado todas las fronteras. Hubo un punto de inflexión en el que parecía que el Estado de Derecho se había fragmentado porque la agresividad de los narcotraficantes había aumentado y se producían atentados contra los agentes de la autoridad.

- ¿Se podría haber llegado a la escalada de violencia que vive la Costa del Sol?

LA ASOCIACIÓN DE FISCALES, LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA Y LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEL ESTADO HAN ORGANIZADO EL CURSO “DELITOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

La complejidad de los comportamientos delictivos exige la legal colaboración institucional entre los distintos poderes del Estado para poder combatir la corrupción y la delincuencia económica con mayor eficacia, según manifestó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de su intervención en el curso “Delitos y Administración pública” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

En este sentido, Luzón confirmó que la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción ha implicado una mejora en la persecución de estos delitos.

Precisamente, son estas conductas delictivas las que más preocupan a los funcionarios y, de forma específica, aquellas que afectan a la Administración Pública y a sus funcionarios, según los representantes de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Abogados del Estado, coorganizadores del curso.

La independencia judicial es la base de un Estado de Derecho y de un proceso penal garantista, donde no haya otra dependencia que al imperio de la Ley.

Un Estado de Derecho debe de tener su límite en la Ley, siendo la Constitución la norma fundamental, que garantice los derechos fundamentales e impida, mediante el control de la constitucionalidad de la norma, leyes que puedan ser contrarias a la Constitución.

La independencia judicial se recoge en varios artículos de nuestra Carta Magna, como el artículo 117, cuando establece: