La comunicación pública de la propuesta del Presidente del Gobierno de proponer como Fiscal General del Estado a quien hasta ahora ha ejercido sus funciones como Ministra de Justicia ha generado un amplio revuelo social y son muchas las voces que se han alzado poniendo de manifiesto las dudas sobre la imparcialidad y la necesidad de preservar la independencia del Ministerio Fiscal.

La imparcialidad, principio constitucional que rige la actuación del Ministerio Fiscal en España y que también se predica de los jueces, supone la ausencia de una posición predeterminada al margen del debido cumplimiento de la ley en beneficio de toda la sociedad. Y la imparcialidad implica también la existencia de una impresión pública en relación con esta posición en las que todos debemos ser muy cuidadosos, desde el primero al último de los integrantes del Ministerio Público. En este caso, el paso directo de una posición a otra no es precisamente esperanzador.

El fiscal Antonio Roma Valdés analiza la sentencia del TJUE que reconoce la inmunidad a Oriol Junqueras por su condición de eurodiputado

Durante el mismo día se han pronunciado resoluciones de distinto origen y trascendencia que afectaban a responsables políticos. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes acordó abrir un juicio contra el presidente Donald Trump mientras que en Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvía una cuestión planteada por el Tribunal Supremo de España. Como todas las resoluciones, debe ser acatada y también explicada.

Los hechos. La causa Especial 20907/2017, comúnmente conocida como el juicio del procés, se desarrolló en sesiones desarrolladas en el Tribunal Supremo entre el 12 de febrero y el 19 de junio de 2019. El 26 de mayo de ese año, Oriol Junqueras fue elegido eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo.

El juicio más importante de la reciente historia democrática española ha llegado a su fin. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha fijado los hechos y, lo que es más relevante para el resto de juicios pendientes, se trate de huidos o de personas sometidas a la jurisdicción de otros tribunales, ha establecido el marco penal aplicable.

Frente a la sentencia no cabe frente recurso ordinario y sólo quedan abiertas vías extraordinarias de revisión que a nivel nacional pasan por la promoción de incidentes de nulidad basados en la alegación de vulneraciones de derechos fundamentales sobre los que resolverá el propio Tribunal Supremo y unos eventuales recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. De no obtener resoluciones favorables, sólo quedará la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Durante estos meses estamos asistiendo a un juicio de enorme impacto mediático. Los medios de comunicación, las tertulias y las redes sociales se llenan de comentarios muchas veces vehementes. Pero no olvidemos que estamos ante un juicio con intervención de magistrados, fiscales y abogados, sin lugar a dudas todos ellos profesionales, y dirigido a unas personas cuyos derechos deben ser respetados y protegidos.

Cuando un procedimiento penal afecta a personas vinculadas con la política es frecuente que los involucrados asocien el acontecimiento con la actuación pública o consideren que hay un nuevo espacio para el desarrollo de esas funciones.