Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último pleno del Consejo Fiscal que, convocado para los días 22 y 23 de septiembre, tuvo que continuar el 22 de octubre al quedar suspendida la sesión del día 23 por razones sanitarias relacionadas con el COVID-19. Como en ocasiones anteriores, varios de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas precisamente de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- participaron nuevamente por videoconferencia. A este pleno no asistió el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

El punto fundamental del orden del día fue el relativo a la aprobación por unanimidad del denominado Código Deontológico de la Carrera Fiscal -con lo que se da cumplimiento a la Recomendación del GRECO sobre la necesidad de un código de conducta para Fiscales de fácil acceso para el público, y que se complemente con una orientación dedicada a los conflictos de intereses y otros asuntos relativos a la integridad.

Recordaréis que la precipitada suspensión de la sesión celebrada en la mañana del día 23 de septiembre nos impidió plantear a la Fiscal General en el apartado de ruegos y preguntas (al que no se había llegado aún en el transcurso de la reunión) una cuestión que entendíamos de especial trascendencia por su relevancia para la Institución y para la Carrera y motivo de honda preocupación para los Fiscales. Por tal razón, al finalizar la sesión, nos dirigimos a la Fiscal General por escrito con las siguientes preguntas:

El día de ayer se celebró la reunión prevista entre el Ministerio de Justicia y las Asociaciones Judiciales y Fiscales, con el siguiente orden del día:

1. Disposición Transitoria Ley Discapacidad
2. Ley Agilización
3. Implantación Registro Civil
4. Tribunales Instancia / Oficina Judicial
5. Planes de Choque
6. Ruegos y preguntas

Asistieron, por parte del Ministerio, el Secretario de Estado de Justicia Pablo Zapatero, el Secretario General para la innovación y calidad del servicio público de Justicia Borja Vargues, la Directora General para el servicio público de Justicia Concepción López-Yuste y la Subdirectora General de colaboración institucional para el servicio público de Justicia María Rosario Martínez, y, por parte del as Asociaciones, Manuel Almenar (APM), José Juan Moreno (AJFV), Rosario García (JJPD),Cristina de Vicente (FJI), Cristina Dexeus (AF), Teresa Peramato (UPF), y Salvador Viada (APIF).Por parte del equipo ministerial se informó de la situación y previsiones en relación con la Ley de Discapacidad, la Ley de Agilización, la reforma del Registro Civil y los Tribunales de Instancia/Oficina Judicial. Mas concretamente, se expuso:

• La problemática que suscita la proyectada DT 4ª, sobre la revisión de las sentencias dictadas en materia de discapacidad y la necesidad de organizar un grupo de trabajo específico MJ/AA para buscar cauces que permitan dar respuesta, apuntando la posibilidad de incrementar el plazo de dos años inicialmente previsto a tres y de elaborar protocolo de actuaciones para una mejor coordinación.
• Respecto al Anteproyecto de la Ley de Agilización de la Justicia (también denominada de Eficiencia de la Justicia, el nombre está sin confirmar), se informó de que los trabajos se han centrado en los ejes de agilización procesal y de justicia digital, posponiendo el eje organizativo en tanto que requeriría reforma de Ley Orgánica. La previsión es que, a finales de octubre o principios de noviembre tengamos ya un texto disponible para empezar a trabajar, para lo cual piden que designemos a los compañeros que podrían integrar el grupo de trabajo. El eje organizativo quedaría para más adelante y enlazaría con el tema relativo a los Tribunales de Instancia/Oficina Judicial.
• En cuanto a los Tribunales de Instancia, que figuran en la LOPJ, todavía se está en proceso de “contextualización”, es decir, la decisión es ponerlos en funcionamiento pero se están estudiando las distintas posibilidades. Por lo que concierne a la oficina judicial, transcurridos diez años, se pretende dar un impulso para la implantación del modelo, previo análisis de los aspectos que han funcionado y de las distorsiones creadas, todo ello vinculado a la denominada Oficina de Justicia en el Municipio, que partiría de una transformación de los actuales Juzgados de Paz con el fin de proporcionar un mejor servicio, ubicando parte de la oficina judicial en dichas unidades, desde la que se podrían realizar ciertas actuaciones. Piden que propongamos compañeros para crear el correspondiente grupo de trabajo, con la idea de hacer una presentación del modelo en el mes de noviembre.
• La aplicación de la Ley de Registro Civil, una vez adaptada la decisión de poner en funcionamiento el modelo aprobado en 2011, suscita diversos problemas, en particular en los Registros Civiles Exclusivos. Se pide que propongamos compañeros para abordar estas cuestiones.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales os informamos de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en el último Pleno del Consejo Fiscal celebrado los días 29 y 30 de julio de 2020 y en la que algunos de sus miembros -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- participaron nuevamente por videoconferencia.

A partir de este Pleno, comenzamos a abordar los informes para la cobertura de las distintas plazas discrecionales, la mayoría de ellas pendientes de concurso y resolución desde hace más de un año. La novedad introducida por la actual Fiscal General del Estado es la de entender como una norma no escrita la analogía a nuestra Carrera del límite de los diez años en los mandatos temporales establecido para la Carrera Judicial tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (introducida por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre).

Con carácter previo a entrar en el orden del día del Consejo Fiscal, los Vocales electivos de la Asociación de Fiscales quisimos expresar, una vez más, nuestro disgusto por elincumplimiento sistemático de lo preceptuado en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal, en el que se fija que la convocatoria, que se debe realizar por escrito con ocho días como mínimo de antelación a la fecha de celebración del Pleno, debe ir acompañada del orden del día y la documentación que proceda en relación a los asuntos a tratar. Una vez más,la documentación, y en este caso también el orden del día, se recibieron con plazo inferior; parte de dicha documentación, incluso, tan solo uno y dos días antes a la celebración del Pleno.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales queremos informaros de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en la pasada sesión del Pleno del Consejo Fiscal del jueves 25 de junio de 2020 y que volvió a realizarse -en atención a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19- con parte de sus miembros por videoconferencia.

Destaca del pleno la introducción de nuevos parámetros en el baremo de la productividad o la modificación de alguno de los ya existentes que resultaron todos ellos aprobados con la oposición expresa de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales.

1. EG 126/2020. COBERTURA DEL CARGO DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL MINISTERIO FISCAL

Los Vocales electivos por la lista de la Asociación de Fiscales dimos nuestro voto a la Ilma. Sra. Dña. Elena Agüero Ramón-Llin, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, en atención al trabajo que ha desarrollado como delegada de protección de datos en aquella Fiscalía, su currículum y formación en la materia y el proyecto presentado para desarrollar un adecuado sistema de protección de datos en todo el territorio nacional.

No obstante, los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales reconocimos la labor realizada por el Ilmo. Sr. D. Agustín Hidalgo Jiménez desde la Inspección Fiscal, quien resultó finalmente propuesto con el resto de los apoyos del Consejo Fiscal. Sus méritos para ocupar tal plaza son evidentes, pero los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales reiteramos -como ya hicimos en el momento de informar la Instrucción sobre el Delegado de Protección de Datos que esta figura debe quedar al margen de las funciones propias de la Inspección Fiscal y, por tanto, de cualquiera de sus miembros para evitar posibles disfunciones en lo que debe ser el recto y cabal proceder de la Inspección Fiscal. Por otra parte, tuvimos igualmente en cuenta que el volumen importante de trabajo que supondrá el ejercicio de este cargo ha de afectar al desarrollo normal de la actividad del Fiscal que resulte nombrado y ello debe corregirse mediante la oportuna compensación con el resto de la plantilla, algo que es más factible en la Fiscalía Provincial de Madrid que en la Inspección Fiscal por lo corta de su plantilla.

2. EG 431/2019. INFORME SOBRE EL BAREMO DE PRODUCTIVIDAD Y POSIBLE MODIFICACIÓN

En este punto, todos los miembros del Consejo Fiscal estuvimos conformes en abordar durante el segundo semestre de este año un estudio a fondo para la revisión global del sistema de productividad. De hecho, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales hace ya tiempo que presentó en la Fiscalía General del Estado un ambicioso proyecto que cambia radicalmente el concepto y la distribución del complemento en tres tramos con el fin de que llegue a la totalidad de las plantillas en mayor o menor medida.

Queridos compañeros:

Los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales queremos informaros de las cuestiones más relevantes que fueron tratadas en la pasada sesión del Pleno del Consejo Fiscal del martes 28 de abril de 2020 y que se realizó -en atención a las circunstancias actuales derivadas de la declaración del estado de alarma- por videoconferencia.

Al comienzo de la sesión, el Pleno mostró sus condolencias por el reciente fallecimiento de quien fuera el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Excmo. Sr. D. José María Luzón Cuesta, y de la Ilma. Sra. Dña. Cristina Toro, Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga.

La sesión tenía tan solo un único punto del orden del día, a fin de emitir informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales tratados para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, así como de protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, habida cuenta de la necesidad de trasposición de la Directiva de la Unión Europea número 2016/680 a nuestro ordenamiento jurídico.

Ante las manifestaciones de uno de los Ministros del Gobierno, sumadas a las realizadas en fechas recientes por el Presidente, la Asociación de Fiscales cree necesario volver a recordar lo que nuestro ordenamiento jurídico dice sobre la naturaleza del Ministerio Fiscal (artículo 2, EOMF):

“El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

Exigimos a nuestros responsables políticos no sólo un mejor conocimiento del Ministerio Fiscal, una de las Instituciones básicas del Estado de Derecho, sino fundamentalmente de los principios que rigen su actuación, autonomía e independencia.

En Madrid, a 20 de enero de 2020.

La Comisión Ejecutiva