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Poder Constituyente. Por Álvaro Redondo Hermida.

Cuarenta años de vigencia de una norma legal constituyen un tiempo relevante que abraza dos generaciones, marcando profundamente la cultura política y social. Los que tuvimos la suerte de aprobar el actual texto constitucional en referéndum, con el entusiasmo propio de la juventud, sabemos que no se trató de un ejercicio habitual de la facultad de decidir. Elecciones hay muchas, iniciativas populares también. Sin embargo, nuestra historia no anda sobrada de plebiscitos. Nunca hasta entonces se había sometido un texto fundamental al veredicto del pueblo, y es posible que ello no vuelva a ocurrir en muchos años. El referéndum supuso un compromiso ciudadano, pues los españoles no sólo decidieron el modelo de gobierno que querían adoptar, sino que también asumieron el propósito de sostener la democracia.

La Constitución no fue puesta en vigor por el Parlamento, ni homologada por ninguna sentencia nacional o internacional. Ciertamente se aprobó en el parlamento y ha sido interpretada en innumerables resoluciones judiciales. Pero su naturaleza no depende de ello. La Constitución es el acto supremo del poder constituyente del pueblo español, titular único de la soberanía nacional, del que emanan todos los poderes y a cuya voluntad se sujetan todas las instituciones de España. Dicho poder no reside en los parlamentos autonómicos, por lo que ninguna mayoría legislativa de ámbito territorial puede atribuirse la facultad de alterar el texto constitucional. La Constitución deriva del acto soberano que convirtió en norma las aspiraciones de los ciudadanos, que quisieron realizar los valores que sostienen la nación.

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La A.F. solicita la inmediata aplicación a los Fiscales de la ampliación del permiso de paternidad a 5 semanas.

A LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

La Asociación de Fiscales, ante el conocimiento del Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial conforme al cual, y con base en el artículo 373.7 de la LOPJ que establece que; “Los jueces y magistrados dispondrán, al menos, de todos los derechos establecidos para los miembros de la Administración General del Estado y que supongan una mejora en materia de conciliación, permisos, licencias y cualquier otro derecho reconocido en dicho ámbito. El Consejo General del Poder Judicial tendrá la obligación de adaptar de manera inmediata, mediante acuerdo del Pleno, cualquier modificación que, cumpliendo esos requisitos, se produzca en dicho régimen. Todo ello, sin perjuicio e independientemente de las particularidades propias del estatuto profesional de jueces y magistrados, así como de la promoción de mejoras propias por los cauces correspondientes”, ha procedido a adaptar la LOPJ al contenido del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ampliando para los Jueces y Magistrados el permiso por “nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de 4 semanas” previsto en el artículo 373.6 de la LOPJ a 5 semanas, solicitamos de la Fiscalía General del Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para que dicha ampliación del permiso de paternidad a 5 semanas sea inmediatamente aplicable a los Fiscales, así como, en su caso, inste del Ministerio de Justicia que lleve a cabo las acciones pertinentes para dicho propósito, máxime al tener conocimiento que se están denegando por sistema las 5 semanas de permiso de paternidad de todos los compañeros que han sido padres a partir del 1 de enero de 2.019 por parte del Ministerio de Justicia.

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Violencia Sexual. Por Álvaro Redondo Hermida.

Recientes pronunciamientos judiciales relativos a conductas que afectan a la libertad sexual han estimulado el público debate, que se extiende a la legislación y las sentencias que recaen sobre este tipo de asuntos. Una reflexión plenamente legítima, mientras no derive hacia descalificaciones personales o infundadas, que exceden del ámbito de la libertad de crítica.

La sociedad española puede confiar en su actual legislación penal, ciertamente minuciosa, porque es altamente técnica y a veces de cierta complejidad, pero siempre a la altura de la prudencia de los juristas competentes que la han elaborado. Puede confiar en ella en orden a prevenir y sancionar adecuadamente los delitos contra la indemnidad sexual. No obstante, es un hecho socialmente indiscutible que asistimos ocasionalmente a episodios alarmantes, que revelan un incremento del desprecio a la libertad, especialmente la que corresponde a la mujer a la hora de ejercer su capacidad de autodeterminación. Nuestra Constitución proclama que el respeto al derecho de los demás constituye el fundamento de la paz social (artículo 10). Por ello, nuestra paz se resiente cuando se transmite colectivamente la sensación de que los atentados a los derechos de los demás son frecuentes, y que en excepcionales ocasiones acaban resueltos de manera polémica.

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Nota informativa de los Vocales del Consejo Fiscal por la Asociación de Fiscales.

El viernes a última  hora, los Consejeros recibimos un correo de la Inspección (que es la encargada de prestar asistencia al Consejo Fiscal) en el que se nos pedía informáramos, a la mayor brevedad y por requerirlo el Ministerio de Justicia, un proyecto de Real Decreto de modificación de la Ley 15/2003, de retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal. La finalidad, pactada con las asociaciones, no es sino destinar una cantidad de dinero (1.320.000 €) de que dispone el Ministerio de Justicia para mejorar las retribuciones de los compañeros que están clasificados en el grupo 5º, quienes menos cobran en la Carrera. El motivo de la urgencia es aprobar el decreto en el Consejo de Ministros del próximo viernes. A pesar de la cortedad del aumento salarial, y de que las reivindicaciones en la materia de las Asociaciones quedan pendientes, nos ha parecido adecuado apoyar el proyecto en beneficio de los compañeros del grupo 5º. El aumento salarial es de 66,79  € mensuales. Os adjuntamos el informe remitido el domingo:

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El juicio tiene sus tiempos. Antonio Roma Valdés.

Durante estos meses estamos asistiendo a un juicio de enorme impacto mediático. Los medios de comunicación, las tertulias y las redes sociales se llenan de comentarios muchas veces vehementes. Pero no olvidemos que estamos ante un juicio con intervención de magistrados, fiscales y abogados, sin lugar a dudas todos ellos profesionales, y dirigido a unas personas cuyos derechos deben ser respetados y protegidos.

Cuando un procedimiento penal afecta a personas vinculadas con la política es frecuente que los involucrados asocien el acontecimiento con la actuación pública o consideren que hay un nuevo espacio para el desarrollo de esas funciones.

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Nota informativa de la reunión con la Ministra de Justicia.

Asociaciones

Ayer por la tarde los representantes de APM, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales nos hemos reunido con la Ministra de Justicia, el Secretario de Estado de Justicia, el Secretario General de la Administración de Justicia, la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y asesores ministeriales.

En cuanto a la situación política, la Ministra expuso que pretenden aprobar un Real Decreto para la prórroga de los presupuestos en el que se indicarán las prioridades al Ministerio de Hacienda. Hasta la fecha de disolución del Parlamento se celebrarán dos Consejos de Ministros, el viernes 22 de febrero y el viernes 1 de marzo. En consecuencia, hay margen para que el actual equipo ministerial pueda conseguir algunas mejoras para las carreras judicial y fiscal, razón por la cual las cinco asociaciones consideramos de utilidad acudir a la reunión.

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