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La A.F. apoya incondicionalmente a los fiscales del ‘procés’: “No somos la boca ni el brazo ejecutor del Gobierno”.

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, reiteró la independencia del Ministerio Fiscal y mostró “su respaldo” a los cuatro compañeros encargados de dirigir la acusación pública contra los líderes independentistas, en el caso ‘procés’, porque solo ellos son los que “conocen perfectamente la instrucción y sus pruebas” y, por tanto, “son los únicos que están en condiciones de valorar”.

Cristina Dexeus 00

Cristina Dexeus ante la puerta principal de la Fiscalía General del Estado, en la madrileña calle de Fortuny.

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Conclusiones reunión Delegados A.F., Logrono 2018.

  • Finaliza la reunión de Delegados de la A.F. en Logroño.
  • Muy fructífera.
  • Seguimos avanzando y trabajando.
  • Os adelantamos algunas conclusiones.

Conclusiones reunión Delegados A.F., Logrono 2018.

La Asociación de Fiscales, como conclusión principal de su reunión de delegados de Logroño 2018, muestra su apoyo incondicional a todos aquellos compañeros, Fiscales o Jueces, implicados en la investigación y tramitación de la causa judicial conocida como el "procés", resaltando su discreción y prudencia, su acreditada integridad y excelencia profesional, con exclusiva sujeción a la ley y apartados de cualquier clase de influencias políticas.

La Asociación de Fiscales renueva su empeño en continuar reivindicando mejoras salariales y profesionales de los Fiscales ante el evidente y sorprendente desprecio que, hasta la fecha, han mostrado los nuevos titulares del Ministerio de Justicia, con un injustificable impase ante las reivindicaciones de mejoras retributivas presentadas por todas las asociaciones fiscales y judiciales.

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Arranca la reunión de Delegados de la A.F. en Logroño.

  • Comienza nuestra reunión de delegados provinciales en Logroño.
  • Rueda de prensa con un apoyo incondicional de la A.F. a los Fiscales del proces y respeto a su trabajo.

Reunión de Delegados en Logroño, 2018.

  • Nuestros Vocales rinden cuentas de su gestión en el Consejo Fiscal.
  • Nuestros vocales en el Consejo Fiscal: la A.F. en lucha por los derechos de los Fiscales.
  • La Ejecutiva en Logroño en apoyo de los Fiscales de tercera.

Reunión de Delegados en Logroño, 2018.

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El Ministerio Público debe tener independencia funcional respecto de los restantes poderes públicos. Por Antonio Roma.

Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Así dice literalmente el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.

Con esta elegante expresión, la Asamblea Nacional francesa estableció las condiciones para que los derechos proclamados fuesen efectivos, se asentase el estado de derecho y la democracia constituyese la forma esencial para su gobierno.

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Deontología y secreto profesional. Por Antonio Zárate.

Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés, en su obra 'Deontología y ciencia de la moral', decía que “una fraseología vaga produce necesariamente ideas vagas. En manos de hombres bien intencionados, es fuente de confusión; en las de mal intencionados, un instrumento de ruina”.

Pues bien, parece que esta cita adquiere en estas últimas semanas toda su intensidad al resonar en nuestras mentes las grabaciones obtenidas de manera fraudulenta en un acto reservado, en las que se pretende la búsqueda de la ruina personal de algunos; y en un sentido más amplio afectar a uno de los pilares del Estado de derecho. Con independencia de la valoración que merece el contenido de las filtraciones y de la responsabilidad que se pueda derivar de esta, al dejar a sus protagonistas en una situación ciertamente delicada, su amplia difusión mediática ha puesto en el punto de mira al conjunto del mundo judicial, fiscal y la cúpula policial como si lo completamente excepcional fuese lo habitual.

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¿Estamos preparados para hacer frente al reto social que presentan las personas con discapacidad? Por Avelina Alía Robles.

España, como Estado parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha asumido el compromiso recogido en el artículo 4.1.a) de “Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención”.

Es decir, los Estados partes -y España lo es desde el año 2008- tienen que tener una actitud proactiva, transformadora de la sociedad en relación al colectivo de la discapacidad, pues los derechos de las personas con discapacidad siguen siendo ignorados, vulnerados en todas las partes del mundo, tal y como reconoce la Convención en su Preámbulo.

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Conceder el indulto. Por Álvaro Redondo Hermida.

Las manifestaciones públicas de algunos dirigentes políticos, en relación con la posible concesión del indulto a personas que se encuentran procesadas, motiva una reflexión sobre sus circunstancias y posibilidades. En ocasiones se hace referencia al indulto confundiéndolo con la amnistía. Esta última es una opción del legislador, que tiende a borrar la responsabilidad penal por determinadas conductas criminales, antes de que las mismas sean investigadas, antes incluso de que se abra cualquier proceso relativo a las mismas. Hay determinados momentos en la historia de las naciones, en que es conveniente dictar normas de olvido y perdón, para que pueda restablecerse la paz quebrantada por una guerra civil o por un régimen de excepción, no respetuoso con los derechos civiles básicos.

En 1977 las Cortes Constituyentes alcanzaron un amplísimo consenso, en torno a la amnistía de los delitos cometidos con intencionalidad política entre 1936 y 1976. Los delitos con intencionalidad política son aquellas conductas consideradas criminales, que se realizan con una finalidad o motivación política. Especialmente tienen la consideración de delitos cometidos con intencionalidad política los de rebelión y sedición, que no son delitos políticos, al estar penados por las democracias en normas comunes, básicas para la defensa de la sociedad. Por eso sus responsables no son presos políticos, sino presos comunes que actúan por motivos políticos. Los delitos de rebelión y sedición cometidos en España entre 1936 y 1976 fueron amnistiados todos, sin excepción alguna. Ello significa que toda responsabilidad penal por dichas conductas se extinguió definitivamente en tal momento, como si los culpables hubiesen muerto entonces. 

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