Hechos, no palabras

No cabe duda de que los dos últimos años han supuesto un deterioro evidente para el servicio público de la Justicia y una merma importante de los derechos económicos y sociales de los Fiscales. La Asociación de Fiscales contestó de modo contundente al Ministerio de Justicia -y también lo hizo el Consejo Fiscal- al que era el primer ataque de cuantos vendrían después del nuevo equipo ministerial. Recordaréis –porque la seguimos sufriendo- la primera modificación de la LOPJ –realizada a la carrera y en época estival- en la que, además de suspender la paga extraordinaria de diciembre de 2012, se reducían las vacaciones, las licencias para estudios y los permisos alegando un coste para el Estado que ni era ni es cierto (puesto que, como es sabido, ninguno de estos supuestos daba ni da posibilidad de sustitución retribuida) y olvidando que muchos de esos derechos adquiridos eran la contraprestación de Ejecutivos anteriores a la imposibilidad de incremento del sueldo o al reconocimiento a la especificidad propia del modo de realización de nuestro trabajo (no sujeto a horarios y, por tanto, con obligación de disponibilidad permanente). En aquella reforma socavaron también nuestro sistema de protección al rebajar los emolumentos que se perciben durante los períodos de incapacidad laboral, presuponiendo con ello que los Fiscales faltábamos a la verdad en las bajas médicas cuando lo cierto es que los miembros de la Carrera Fiscal constituyen probablemente uno de los colectivos que menor incidencia de bajas médicas presenta al año. Poco más tarde, el Ministerio también nos privaría de determinadas prestaciones de la MUGEJU que, no obstante, se siguen ofreciendo al resto de mutualistas (las ayudas al tratamiento de psicoterapia o logopedia y los gastos de hospitalización psiquiátrica). Pues bien, tanto esta decisión de la Mutualidad General Judicial como la no percepción de los días proporcionales de la paga de Navidad de 2012 hasta la entrada en vigor de la norma que suspendía su pago han sido objeto de recurso por parte de la Asociación de Fiscales sin que aún se haya dictado resolución firme. Os remitimos en su momento modelo de recurso contra el impago de la paga extra a la misma vez que recordábamos los riesgos del pago de las costas y el carácter obligatorio (producto de otra reforma legislativa más) de nombramiento de abogado y procurador ante la imposibilidad jurídica de hacerlo nosotros mismos como asociación profesional.

Aquella primera reforma supuso el nacimiento de lo que se dio en llamar Comisión Interasociativa del Conflicto (CIC). La Asociación de Fiscales entendió desde el primer momento que era imprescindible la unidad tanto de las asociaciones de Fiscales como de las de Jueces y no dudó en iniciar los contactos para que ello fuera posible. Es así como nace la CIC. Son muchas las decisiones y las acciones que se tomaron en su seno. Cabe recordar la toma de medidas de presión, como la llamada a la autorregulación, la celebración de ruedas de prensa o las concentraciones en los edificios judiciales de todo el país, en protesta por las distintas reformas. Es cierto que la Asociación de Fiscales no apoyó la huelga, por la que sí optaron otras asociaciones profesionales. Consultamos a todos nuestros asociados -que realizaron reuniones provinciales en todas las Fiscalías- y seguimos su postura prácticamente unánime de no secundar dicha medida de presión, que finalmente tuvo una incidencia menor en la Carrera Fiscal. No obstante ello, continuamos en la CIC, convencidos de que eran muchos los temas que nos unían y que requerían esa unidad en las dos carreras profesionales. La reforma de la regulación del Consejo General del Poder Judicial emprendida por aquel entonces por el Ministerio implicaba una importante merma de las competencias del órgano de gobierno de los Jueces y un claro deseo de control por parte del Ejecutivo que no podía ni puede ser ajena a la Asociación de Fiscales, como ocurría con la falta de autonomía del Ministerio Fiscal y las reticencias a la aprobación de un nuevo Estatuto Orgánico, que rompiera cualquier relación o impidiera cualquier intento de control por parte del Poder Ejecutivo. Una vez más, mostramos nuestra postura contraria al sistema de elección de los Vocales del CGPJ, que hoy día continúa igual. Por tales razones, seguimos en la CIC, cuya última reunión tuvo lugar en junio de 2013. De acuerdo con el reparto de tareas acordado, la Asociación de Fiscales quedó encargada del tema de las retribuciones –no en vano desde el inicio de la crisis los Fiscales hemos perdido el 24 % de nuestro poder adquisitivo- y realizamos una propuesta de reforma del régimen retributivo general para ambas Carreras a la que nunca obtuvimos respuesta. Tampoco recibió la Asociación de Fiscales información de lo concluido por las otras asociaciones al resto de temas comunes.

Sin duda, el nuevo sistema impuesto de sustituciones ha supuesto otra vuelta de tuerca a la calidad del servicio público de la Justicia y una mayor carga de trabajo para unas plantillas en la mayor parte de los casos insuficientes, si se tiene en cuenta que la última ampliación se aprobó hace ya casi cuatro años y que las funciones del Ministerio Fiscal han aumentado. Y decimos que se trata de un sistema impuesto, puesto que el Ministerio ni nos ha dado traslado de los distintos proyectos para informe ni ha tenido ningún contacto con las asociaciones profesionales, ni para este fin ni para ningún otro.

Nos preocupan nuestras condiciones de trabajo, las largas jornadas de guardia con una retribución no proporcionada al esfuerzo realizado, la falta de aplicaciones informáticas que operen entre sí de un modo eficaz y que nos sirvan como verdaderas herramientas en el día a día de nuestro trabajo. Hemos mostrado nuestra oposición tajante a la Instrucción del Ministerio de Justicia que limita a lo excepcional los traslados en taxi de los Fiscales para el ejercicio de sus funciones fuera de la sede de su destino. Hemos reivindicado –y se ha conseguido- la concesión del día de permiso o descanso saliente de guardia, al modo en que se reconoció por el CGPJ para los Jueces.

Hemos luchado siempre por un mayor número de plazas en las oposiciones que se convocan y nos hemos opuesto –por la falta de seguridad que ello supone para los compañeros- a la situación de “expectativa de destino”, carente de regulación. Es imprescindible, siquiera sea en estos casos, que la creación de plazas sea paralela al número de Fiscales de la plantilla.

No entendemos -y es una preocupación constante- que no se respete la regularidad en la publicación de los concursos reglados de provisión de plazas (deben ser tres al año) o la tardanza también en la publicación de los ascensos. Mención especial creemos merecen las gestiones realizadas por la Asociación de Fiscales y el Consejo Fiscal para que el último concurso que ha habido hasta ahora lo fuera “a resultas”, a fin de poder ofrecer a los compañeros del CEJ la totalidad de las plazas.>

Nos sigue preocupando mucho la formación. Siempre hemos entendido que la formación inicial y continuada debe ser dirigida desde la Fiscalía General del Estado y consideramos muy positivo que esa formación sea común para Fiscales y Jueces, al menos por lo que respecta a la formación inicial con carácter previo a la opción por una u otra Carrera. Seguimos entendiendo que la única vía de acceso sea la de la oposición libre y, ante el nuevo sistema de titulaciones universitarias, hemos exigido que la que resulte requerida para integrar las Carreras Fiscal y Judicial nunca pueda ser inferior a la que se le exija a los cuerpos más elevados de la Administración Pública. 

El Ministerio Fiscal pierde a marchas forzadas el protagonismo que debe tener en el ámbito internacional. Aquí también el Ministerio de Justicia se aparta de las regulaciones de los demás países de nuestro entorno y de los criterios del Consejo Consultivo de Ministerios Públicos del Consejo de Europa, cuyas conclusiones hacemos propias y entre las que baste destacar el impulso de una mayor distancia con los Ejecutivos y unas garantías de los Fiscales en el ejercicio de sus funciones, estableciendo –entre otras- la forma escrita para cualquier comunicación.

La Asociación de Fiscales ha apoyado siempre a los compañeros frente a intromisiones inaceptables en su trabajo. También lo ha hecho el Consejo Fiscal, pese a no estar regulada una vía que permita propiamente el amparo -una reivindicación ya tradicional de esta asociación en orden a los postulados básicos del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal-.

El régimen estatutario del siglo XXI requiere un nuevo Estatuto Orgánico que plasme los principios básicos de nuestra función, como lo es la autonomía frente a los poderes políticos –no queremos ver nunca más al Fiscal General del Estado sentado en un Consejo de Ministros- o la plasmación legal de unos derechos funcionariales adecuados y unas garantías homólogas a las de nuestros colegas europeos. La nueva normativa ha de contemplar la realidad de la distribución territorial del Ministerio Fiscal y de su especialidad, y combinar ambas. En modo alguno puede nuestra norma quedar relegada o pospuesta a la aprobación de otros textos, y menos cuando uno de esos textos es el denominado Código Procesal Penal. Si se quiere atribuir el protagonismo de la investigación penal al Ministerio Fiscal, habrá de hacerse una vez que queden determinados los principios básicos de funcionamiento del mismo, potenciada su autonomía e imparcialidad y concretada su organización.

Hemos mostrado nuestra opinión contraria al actual borrador de Código Procesal Penal porque desnaturaliza las funciones constitucionalmente atribuidas al Ministerio Fiscal y limita y condiciona negativamente su actuación en la dirección de la investigación en perjuicio de los derechos de las víctimas y la eficacia del procedimiento.

Decíamos que explicábamos siempre nuestra postura y así ha sido –como también decíamos- hasta en los temas más controvertidos. En materia de nombramientos, la Asociación de Fiscales no tiene más guía que la del mérito y la capacidad de los postulantes, con independencia de la asociación profesional a la que, en su caso, puedan pertenecer. Y ahí están los ejemplos a lo largo de estos cuatro años, en los que los votos de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales lo han sido tanto para asociados, no asociados o miembros de otras asociaciones, pues el mero hecho de estar asociado no debe beneficiar al candidato, pero tampoco debe perjudicarle.

Nunca la Asociación de Fiscales ha sido dócil con el poder establecido, y ello con independencia de su color. Desde el respeto institucional, la Asociación de Fiscales ha ejercido la crítica contra los distintos Ejecutivos, y lo ha hecho incluso contra los Fiscales Generales. Conocidas son las conclusiones de muchos de sus congresos ordinarios en las que se ha pedido la dimisión de quien está al frente del Ministerio Fiscal cuando con su actuar o no actuar ha perjudicado los intereses de los Fiscales, de la Carrera Fiscal o del propio Ministerio Fiscal. Y conocidas también son las discrepancias que se mantienen con el actual Fiscal General del Estado, como lo reflejan nuestros comunicados de los últimos meses en materias tales como las sustituciones o la distribución de las plazas de nueva creación. 

Fruto de esa imparcialidad que entendemos irrenunciable, recurrimos en su día contra la vuelta a la Carrera Fiscal de quienes han ocupado puestos de responsabilidad política y nos opusimos al cambio de la normativa que lo hacía posible.

Para estos temas y otros muchos más es preciso un Consejo Fiscal fuerte. Es el único órgano democrático que representa a la Carrera, en el que la mayor parte de sus miembros se eligen por todos los Fiscales mediante el sistema de listas abiertas. Sin duda, es la voz de la Carrera Fiscal. Seguiremos por ello trabajando para que esa voz llegue más y mejor a todos los Fiscales y seguiremos luchando por la creación de la figura del portavoz del Consejo Fiscal y por una información oficial más detallada, así como por la puesta en marcha de una web específica que permita a todos los Fiscales dirigirse a los Vocales, a modo de buzón de iniciativas, quejas y sugerencias. 

No se nos olvida que a este Consejo Fiscal le corresponde poner en marcha las recomendaciones y conclusiones del Libro Blanco que el actual Consejo Fiscal tiene prácticamente ultimado. Muchos recordaréis que su elaboración fue uno de los postulados programáticos de los actuales Vocales durante las anteriores elecciones. Nos congratula saber que al fin una de las conclusiones de nuestros Congresos está a punto de ver la luz.

Finalmente, queremos destacar el asociacionismo como algo positivo para la Carrera Fiscal y para el Ministerio Fiscal. El asociacionismo permite la unidad y supone la fuerza hacia el exterior y el diálogo entre nosotros. La Asociación de Fiscales pone a disposición de todos los Fiscales un seguro de responsabilidad civil y de indemnización por baja médica y la defensa jurídica de sus asociados frente a los expedientes disciplinarios, respecto de los cuales la Asociación ha mantenido siempre un respeto escrupuloso

Desde la Asociación de Fiscales avanzamos juntos y actuamos en positivo, intentamos llegar a todas las Fiscalías para conocer sus problemas específicos y cada día procuramos soluciones posibles, sin promesas estériles ni posturas estridentes. En definitiva, hechos, no palabras. Cuatro años después –con la ilusión y la experiencia que dan más de treinta años de compromiso real y decidido-, estas siguen siendo nuestra señas de identidad.  

Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales
Enero de 2014